Una delegación pastoral y diplomática visitó la región del Catatumbo para escuchar a las comunidades, iglesias y autoridades locales, constatando la gravedad de la crisis humanitaria que atraviesa el territorio. La misión hizo un llamado urgente a proteger la vida, garantizar la atención integral a la población desplazada y reconocer el papel de las iglesias como espacios de acogida, fe y esperanza.
Convocada por el Diálogo Intereclesial por la Paz (DiPaz), el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la Misión Evangélica Luterana de Finlandia (FELM), la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC) y la Alianza Evangélica de Colombia, con acompañamiento de la Embajada de Finlandia, la delegación desarrolló una agenda de tres días en Ocaña. Allí sostuvo encuentros con liderazgos eclesiales y comunitarios, así como con instituciones nacionales e internacionales —entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP/OEA— con el propósito de movilizar solidaridad, comprender el contexto y acordar acciones de acompañamiento posterior.
Durante las jornadas se evidenció que las comunidades del Catatumbo viven un momento de tensión y miedo debido al recrudecimiento del conflicto armado y a la presencia de diversos actores armados ilegales. La confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias, ocurrida en enero de este año, desencadenó desplazamientos masivos hacia municipios como Tibú, Cúcuta y Ocaña, que hoy se ubica como la tercera ciudad del país con mayor recepción de población desplazada. Los refugios y albergues han colapsado, los recursos para atención humanitaria se encuentran agotados y las necesidades más urgentes están en salud mental, seguridad alimentaria y acceso educativo, con impactos diferenciados para mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y firmantes de paz.
Lideresas y líderes comunitarios expresaron su preocupación por la ruptura del tejido social, el aumento de la estigmatización y los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos o acompañan procesos de reincorporación. También se reportaron graves afectaciones al sistema educativo por cierres de escuelas y falta de conectividad, contaminación por minas y municiones sin explotar, así como la salida forzada de reincorporadas y reincorporados del departamento ante las amenazas y el debilitamiento de los proyectos productivos. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la degradación de las violencias, incluyendo el uso de drones como armas, y sobre la urgente necesidad de una acción coordinada del Estado para responder a esta crisis humanitaria.
Frente a este panorama, la delegación reconoció el papel de las iglesias como uno de los pocos espacios que permanecen abiertos y seguros en medio del conflicto. Los templos se han convertido en lugares de acogida, de consuelo espiritual y de ayuda humanitaria, donde las comunidades encuentran orientación, cuidado y esperanza. Pese al agotamiento y a la limitada presencia estatal, las iglesias mantienen su compromiso de servir, acompañar y defender la vida desde la fe.
En su llamado público, las organizaciones instaron a los actores armados a respetar de manera absoluta la vida y la integridad de la población civil, cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y cesar toda acción que ponga en riesgo a las comunidades y a quienes realizan labores pastorales. Al Gobierno nacional y a las autoridades locales les solicitaron fortalecer la presencia institucional en la región, garantizar la protección integral rural y urbana, y crear un corredor humanitario interdisciplinario que permita el ingreso seguro de ayuda a las zonas más afectadas. Además, propusieron impulsar proyectos productivos que sustituyan economías ilícitas y la conformación de una Red Permanente Generacional que brinde atención y oportunidades a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Catatumbo.
La delegación también exhortó a las iglesias y expresiones de fe a seguir acompañando a las víctimas, fortalecer sus redes de servicio e incidencia por la paz, y promover procesos de formación en reconciliación y liderazgo espiritual con énfasis en mujeres y juventudes. A la comunidad internacional le pidió mantener el acompañamiento político y diplomático, así como el apoyo financiero a programas de atención psicoespiritual y fortalecimiento de las capacidades locales.
Finalmente, las y los representantes de la visita anunciaron que consolidarán un documento de recomendaciones y rutas de seguimiento, con el compromiso de impulsar mecanismos concretos de acompañamiento a los liderazgos locales. Todas y todos coincidieron en que la paz solo será posible si se protege la vida, se erradica la estigmatización y se articulan esfuerzos entre las iglesias, el Estado y la comunidad internacional.
En palabras de la delegación: “Las iglesias permanecen como un refugio de fe, esperanza y solidaridad en medio del miedo. El clamor del Catatumbo es por la vida y por una paz que se sienta en cada territorio”.
