Excombatientes de FARC se reubican en zonas urbanas: Informe de Veeduría

Farc

Según el cuarto informe de veeduría humanitaria del Diálogo Intereclesial por la paz, financiado con el apoyo de la Unión Europea, 9.412 ex combatientes de FARC, de las 13.330 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se han reubicado en las zonas urbanas. Sin que exista para ellos programas específicos de reincorporación.

En su ejercicio de veeduría a los avances en la implementación del Acuerdo Final, el equipo de DIPAZ, plataforma conformada por 15 organizaciones de fe e iglesias, entrega su cuarto informe que cobija los cuatro primeros meses del 2020, es decir, de enero a abril. El pasado 27 de mayo, el obispo Atahualpa Hernández de la Iglesia Luterana y Valentina Beltrán, vocera del componente FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación hicieron públicos los hallazgos de esta tarea.

La veeduría ha sido una de las herramientas asumidas por DIPAZ para contribuir a la construcción de la paz en Colombia. Gracias al apoyo económico de la Unión Europea, se ha mantenido este ejercicio durante los últimos dos años, y se han elaborado dos informes en los que se da cuenta de los grandes avances, pero también, de los retos que se presentan en la implementación del Acuerdo Final logrado entre el gobierno del entonces Presidente Santos y las antes llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

También se informa de los avances y retos relacionados con la posibilidad de reabrir las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuya delegación de paz se mantiene en Cuba, a la espera de lograr acuerdos con el gobierno del Presidente colombiano Iván Duque, que permitan retomar las conversaciones.

Los hallazgos del informe de veeduría de DIPAZ en cifras

Una de las principales preocupaciones expresadas en el informe tiene que ver con la reincorporación en áreas urbanas, no previstas originalmente. En ese sentido, las cifras son muy dicientes ya que muestran que la mayoría de las personas vinculadas a este proceso está ahora en las ciudades o en las Nuevas Áreas de Reincorporación, NAR.

Por ejemplo, uno de los hallazgos es que, de las 13.330 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP, hay 13.046 en procesos vigentes de reincorporación, de las cuales, a la fecha, 9.412 están fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, 2.893 están en ETCR, y 741 están por ubicar.

El caso del departamento del Cauca es ilustrativo, dado que, de 1.260 personas acreditadas en este departamento, 420 viven en los antiguos ETCR, 231 en ciudades como Popayán y Santander de Quilichao, y los demás están dispersos en por lo menos 15 municipios del departamento.

Las Nuevas Áreas de Reincorporación deben tener una atención especial

De acuerdo con la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, en la actualidad hay 1.628 personas en proceso de reincorporación ubicadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Popayán, Ibagué, Santa Marta, Montería y Apartadó, 458 mujeres y 1167 hombres. Es decir, que sin contar otras ciudades hay por lo menos un 12% del total ya referido, ubicado en zonas urbanas.

Por su parte, Valentina Beltrán, del componente FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, señaló que hay cerca de 75 Nuevas Áreas de Reincorporación y que en la mayoría de ellas la situación es precaria, al punto de no contar con servicios básicos en materia de vivienda o saneamiento básico.

(((( Escuche aquí la denuncia de CNR ))))

Otros hallazgos del informe

 Del total de personas en proceso de reincorporación, 1.204 (9,2%) manifestaron tener alguna discapacidad, sin que se tenga un plan especial para atenderlas. En este sentido las vocerías de este espacio hacen un llamado para que se resuelva esta problemática.

Si bien todas las personas en proceso de reincorporación se inscribieron en el sistema de salud; es decir, 13.141 personas están afiliadas a salud (101%) y 11.049 lo están a pensión (84,7%); no ha sido fácil el acceso al derecho a la salud debido a las largas distancias que separan a los centros de salud de los ETCR, las NAR o de los espacios en los que habitan los y las excombatientes.

En materia de reincorporación económica, señala el informe que, “de las 13.046 personas en proceso de reincorporación, 10.278 reciben asignación mensual y 3.934 han sido beneficiadas con el aporte destinado para proyectos productivos. A la fecha, el 78,8% están recibiendo la asignación mensual y solo el 30% ha recibido el aporte para proyectos productivos. Esta última cifra es preocupante después de 40 meses del inicio de la implementación del Acuerdo Final.”

DIPAZ resaltó la voluntad de paz de quienes firmaron el acuerdo

En su informe, la plataforma DIPAZ resaltó dos elementos que dan cuenta del compromiso por parte de quienes siguen en el proceso de reincorporación. Primero, los proyectos productivos que se desarrollan, y que en algunos casos incluyen personas y autoridades de comunidades cercanas; y, segundo, los actos de reconciliación en los que han participado excombatientes demostrando su voluntad de paz.

El ETCR de Caldono “hizo una alianza de trabajo social y productivo con el cabildo indígena del Resguardo San Lorenzo, en el marco de las alianzas comunitarias dirigidas a la reincorporación colectiva del territorio. También articulan acciones con siete alcaldes de los municipios de Caldono, Silvia, Jambaló, Cajibío, Totoró, Inzá y Páez, para avanzar en la reincorporación territorial y comunitaria, el desarrollo del PDET, la consolidación de una zona de paz y el impulso al pacto por la convivencia y desarrollo de la infraestructura vial 2020-2027.

“Así mismo, con las víctimas del conflicto armado de Caldono, las FARC han pedido perdón en reuniones que han tenido lugar en 2019 y lo corrido del 2020, en el marco del programa llamado Cerro Belén. También vienen participando en reuniones con la Comisión de la Verdad”. En el ETCR de Miranda, apoyadas por DiPaz, se han realizado dos iniciativas de reconciliación y dos actos de reconocimiento de responsabilidad, uno en la Casa de la Cultura en Miranda, y otro en el coliseo de Corinto a finales del año 2019.

En materia productiva en el ETCR Tierra Grata con 250 personas, de ellas 105 mujeres, se logró la electrificación de la vereda. Un total de 80 millones de pesos invirtieron los pobladores para tender dos kilómetros de redes eléctricas, demostrando que su reincorporación es de puertas abiertas.

Los 80 millones de pesos provienen de recursos de dos cooperativas comunitarias y del esfuerzo del trabajo voluntario de las y los pobladores que contribuyeron con 465 jornales de trabajo. Le puede interesar. Así fue la electrificación conjunta en Tierra Grata

Los llamados de DIPAZ

Por último, este informe que hace parte del ejercicio de veeduría, se centra en constatar y dar testimonio de lo observado, pero también en hacer un llamado urgente para que se implemente el Acuerdo Final. En este sentido, se resaltan 3 puntos:

El primero, en cuanto a la situación de seguridad de los excombatientes, se hace un llamado al Estado colombiano para que proteja la vida de quienes le apuestan a la paz.

Así mismo, llamar a “mantener una reiterada exigencia al Estado colombiano y a grupos armados a declarar y mantener de manera permanente el cese al fuego, privilegiando la protección y el cuidado de la vida humana y de la Creación.”

Por último, frente a la situación actual con la pandemia, se llama al Gobierno nacional para que adopte medidas de protección a la vida y brinde una respuesta integral al déficit sanitario, social y económico que se ha evidenciado, dando un tratamiento prioritario a las zonas del país que sufren doble afectación por la vigencia de los conflictos armados.

Pueden descargar el informe en  : https://docdro.id/ax642WE

O leerlo completo a continuación:

Informe de veeduría DiPaz a la CEV by Dipaz Comunicaciones on Scribd