Valledupar, 22 de octubre.
Durante los días 20, 21 y 22 el equipo de DiPaz y varios codialogantes internacionales, entre los que se encuentran ACT Iglesia Sueca, Christian Aid, la Federación Luterana Mundial y la UniReformada visitaron los ETCR de Pondores y Tierra Grata en la Guajira y Cesar, en el marco del ejercicio de veeduria a la implementación del acuerdo de paz firmado por Estado colombiano con las FARC.
En esta visita, según DiPaz, hay una evidente preocupación por la reinterpretación del Acuerdo de paz, que se observa en las orientaciones institucionales que buscan romper la integralidad del acuerdo, haciendo perder su enfoque territorial, reparador, democrático y participativo. De igual forma, se evidencia una orientación oficial a incumplir con el espíritu colectivo de la reincorporación, imponiendo procesos individuales para formalizar el apoyo a los excombatientes. Pareciera que existe el temor que en el mediano plazo, estos espacios puedan convertirse en pueblos e incidir directamente en los ordenamientos territoriales.
En ese sentido se expresó Abelardo Caicedo quien entregó cifras contundentes. Según el líder del ETCR de Tierra Grata, en total son 463 los proyectos individuales que se han desembolsado mientras que de los proyectos productivos conjuntos no se ha entregado el primero con varias dificultades, entre ellos el ejercicio bancario que ha impedido que lleguen recursos, incluso provenientes de la Unión Europea.
Adicionalmente, una de las mayores insistencias por parte de los integrantes de los dos ETCR tiene que ver con los graves problemas de seguridad que están afrontando tras el asesinato de cerca de 160 integrantes de FARC desde la firma del acuerdo. Esta situación se agrava con la falta de garantías para el ejercicio de la política, puesto que por lo menos dos candidatos del partido en Caribe han renunciado a sus aspiraciones políticas por falta de garantías de participación y de seguridad.
Otro de los problemas, no de menos importancia que verificó la delegación fue la propiedad de la tierra, puesto que los predios en los que se encuentran no son de su propiedad o los que les ofrecen para comprar no cumplen las condiciones que los proyectos de desarrollo exigen. En esa medida una de las solicitudes concretas es solicitar que las instituciones territoriales normalicen la propiedad de las tierras y puedan salir de la incertidumbre por esta problemática.
La misión de veeduría de sociedad civil hizo un llamado a la comunidad internacional para que respalde la implementación integral del Acuerdo de paz. «Más allá de los recursos de proyectos, es importante fortalecer el respaldo político internacional a ellos y ellas y la protección de la vida», resaltó Verdiana García de ACT Iglesia Sueca.
Se espera que las organizaciones resalten estos puntos en un próximo comunicado y en los diferentes espacios de incidencia que integran tanto en Colombia como en sus países de orígen.
