El Obispo de la Iglesia Luterana Atahualpa Hernández, participó en la presentación del informe de veeduría elaborado por el Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ), realizado el 27 de mayo de 2020, sobre los avances y retrocesos en la implementación del Acuerdo Final de Paz entre Gobierno nacional y las FARC. El informe cubre el periodo enero – abril de 2020, que básicamente coincide con la crisis sanitaria producto de la pandemia.
El Obispo indicó que las iglesias y organizaciones basadas en la fe que hacen parte del DIPAZ, tienen un compromiso con la construcción de paz en el país, y señaló que “podemos decir que hemos visto, oído y constatado con nuestras manos esa perspectiva de lo que viven los territorios y el compromiso que tienen en la construcción de paz en Colombia”.
Hernández señaló además que “lamentablemente el aumento de la cifra de asesinatos nos estremece, pero nos preocupa aún más, saber que cada vez se normaliza la cifra de muertes violentas” y agregó, que a la fecha, han sido asesinados 24 firmantes de paz y 84 líderes sociales asentados en los departamentos de Cauca, Putumayo, Nariño, Chocó y Antioquia. Posteriormente afirmó que “como organización nos preocupa que sigan siendo asesinadas tantas personas que con su liderazgo están impulsando la construcción de paz en nuestro país”.
Por otro lado, resaltó que hay una sensación de incertidumbre frente a los procesos de reincorporación en algunos de los más de 13.000 firmantes del Acuerdo Final de Paz. Por ello “en el informe señalamos varias razones, una de ellas, los riesgos de seguridad en algunos ETCR, como es el caso de Santa Lucía, donde la comunidad ha tenido que convivir con la presencia de grupos al margen de la ley”.
Agregó también que el 82% de las personas que están en proceso de reincorporación, se encuentran fuera de los ETCR y se ubican en Nuevas Áreas de Reincorporación, NAR, en zonas rurales y urbanas, espacios que, según lo señala el Obispo, no han sido reconocidas por el gobierno.
Ante ello, señaló que de diciembre de 2019 a abril del 2020, por lo menos 62 personas se han desplazado a las grandes ciudades en busca de otros espacios, y que “hay acciones que se han realizado por parte del CNR para garantizar la seguridad de estas personas; sin embargo, nos sigue preocupando la sensación de incertidumbre y la estabilización de los procesos socioeconómicos para la construcción de una paz en estos territorios”.
«Estas acciones permiten afirmar y creer que la interacción entre las comunidades alrededor de los ex combatientes son ejemplos claros de que es posible avanzar hacia la reconciliación y la paz en nuestro país»
