La prevención del Covid-19 y la realidad de los exguerrilleros en los Espacios Territoriales de Capacitación, ETCR
En reciente diálogo con personas en proceso de reincorporación de los ETCR en Tierra Grata en Cesar, Pondores en La Guajira, Caldono y Miranda en Cauca y Santa Lucía -Ituango en Antioquia, quienes se acogieron al proceso de paz, afirmaron que su voluntad de paz sigue intacta.
Sin embargo, la llegada del Covid-19 a Colombia afectó la prioridad de sus agendas provocando que incluyan acciones para la contención de la epidemia, en medio de sus dinámicas internas, enfocadas hasta el inicio de la emergencia, en la reincorporación social, económica, individual y colectiva.
Además de las medidas para enfrentar el Covid-19, durante estos primeros cuatro meses del año, los ETCR se han modificado las dinámicas de reincorporación establecidas en la Resolución 4309 del 24 de diciembre de 2019 de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN, la cual amplió la fase de consulta y construcción hasta el 31 de octubre de 2020.
Si bien, se tenía prevista su realización hasta junio de 2020, debido al aislamiento preventivo obligatorio establecido por el gobierno nacional, se ha limitando la movilidad territorial, aunque la expectativa es avanzar vía telefónica y virtual. La mayor limitación es la conectividad en la mayoría de los ETCR., pues solamente algunos de ellos cuenta con señal estable de celular y una mínima parte con conectividad vía internet.
A nivel administrativo los ETCR se encuentran funcionando normalmente y la ARN[1] ha garantizado la provisión de los bienes, servicios y suministros a unos 5.049 adultos y 1.334 menores en los primeros 15 días del mes de abril, incluyendo 6.490 kits personales de desinfección y 26 kits colectivos de aseo y desinfección de áreas comunes.
Las entregas se estarían realizando quincenalmente. Igualmente, se expidió la Resolución 0843 de 2020 para garantizar la asignación mensual para cada exguerrillero hasta agosto de 2020. Le puede interesar: A mayores vulnerabilidades mayores son los efectos del COVID
Agua, electricidad y conectividad, tres grandes preocupaciones en los ETCR
Según los testimonios de las personas consultadas por DiPaz, la ARN ha realizado campañas de información y educación sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional para el manejo de la pandemia dirigido a sus funcionarios y a la población de los ETCR, entre las cuales figura una línea virtual nacional para reportar casos que requieran orientación y asistencia sobre el Covid-19, medidas preventivas de distancia física entre personas, uso de tapabocas y guantes, lavado frecuente de manos, así como la prohibición del ingreso de visitas a los ETCR y limitación para hacer reuniones con un máximo de 8 personas. Las niñas y niños deben estar con sus padres y no en espacios colectivos, ni abiertos.
En el ETCR Santa Lucía (Ituango) el servicio de agua es limitado y sigue siendo impotable, ya que la planta de tratamiento tiene fallas.
En los ETCR de Pondores y Caldono, la población manifiesta haber recibido kits básicos de aseo con implementos como gel antibacterial, alcohol, detergente, clorox y tapabocas. En el caso del ETCR de Caldono han recibido mandatos adicionales de parte de los cabildos indígenas para el manejo preventivo del contagio con medicinas tradicionales. Por otro lado, reportan que al 30 de abril el suministro de alimentos ha llegado con normalidad.
De otra parte, en el ETCR Santa Lucía (Ituango) el servicio de agua es limitado y sigue siendo impotable, ya que la planta de tratamiento tiene fallas, situación que ha sido puesta en conocimiento al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), sin obtener respuesta.
En general, en los ETCR hay buen servicio de electricidad, con excepción del ETCR Miranda que no cuenta con el servicio y está afectando sus proyectos productivos. Las comunicaciones son limitadas tanto en telefonía como conectividad a internet. Esto no es favorable para monitorear la seguridad de los espacios, asunto de alta preocupación por las dinámicas de violencia en el país y la realidad del aislamiento.
El COVID es también un asunto de seguridad para personas en reincorporación
Si bien, se continúa con las medidas básicas para la supervivencia, los riesgos de seguridad persisten, debido al repliegue de sistema de protección por el aislamiento preventivo obligatorio y por los siete asesinatos[2] de excombatientes ocurridos desde el 20 de marzo, fecha en la que inició la cuarentena por el Covid-19.
Cabe precisar que de las 13.046 personas en proceso de reincorporación vigentes, 9.412 están fuera de los ETCR, 2.893 están en ETCR y 741 están por ubicar. En el momento, quienes se encuentran en los ETCR lo hacen junto a sus familias[3] y quienes están fuera de los ETCR son quienes tienen mas altos riesgos de seguridad.
13.046 personas en proceso de reincorporación vigentes, 9.412 están fuera de los ETCR, 2.893 están en ETCR y 741 están por ubicar.
Ante esta situación, las personas del ETCR de Santa Lucía (Ituango), Caldono y Miranda expresan preocupación por la seguridad de sus compañeros en dispersión. Adicionalmente, porque la entrega de beneficios económicos anunciada por el gobierno nacional, en el marco de la emergencia del Covid-19, excluye a la población reincorporada que no se encuentra en los ETCR. Por lo tanto, no hay certeza de entrega de alimentos y mesadas, a por lo menos el 70% de la población reincorporada.
Por otro lado, medidas concretas para la respuesta ante eventuales contagios individuales o masivos por Covid-19 no existen. La actual oferta institucional, a nivel de salud, en las regiones de ubicación de los ETCR es insuficiente y podría colapsar ante una falta de capacidad de respuesta. Le puede interesar: Las Cifras de la Implementación
Fondos de la Paz no se deben seguir utilizando para gastos del gobierno
En el mediano plazo pueden darse otros efectos de la emergencia del Covid-19, no solamente en el cumplimiento de la reincorporación, sino en general en la implementación del Acuerdo Final de Paz, ante eventuales recortes presupuestales bajo el argumento de la priorización de la atención a la emergencia sanitaria y socioeconómica, asunto que ya han sido planteando por congresistas del partido de gobierno.
Persiste igualmente la alerta sin respuesta oficial sobre el desvío de recursos del Fondo Paz en contratos para manejo de imagen del presidente Iván Duque[4], en redes sociales y mediciones de percepción ciudadana[5] o compras de camionetas blindadas[6] para el equipo de gobierno, siendo gastos excesivos en medio de la austeridad establecida en tiempos de emergencia
[1] Respuestas de la ARN el 20 de abril de 2020 a Derecho de Petición tramitado por DIPAZ.
[2] INDEPAZ. #Paz Al Liderazgo social. http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/
[3] ARN. Rendición de cuentas. Reporte a febrero 29 de 2020
[4] Confidencial Colombia. Gobierno paga con Fondo Paz millonario contrato para mejorar imagen de Duque en redes. 4 de mayo de 2020. https://confidencialcolombia.com/lo-mas-confidencial/gobierno-fondo-paz-contrato-duque-redes-sociales/2020/05/04
[5] Caracol Radio. Gobierno firmó contrato por $480 millones, para medir percepción ciudadana. Mayo 11 de 2020. https://caracol.com.co/radio/2020/05/11/nacional/1589225644_310320.html
[6] Revista Semana. Policía gastó más de $9 mil millones en 23 camionetas blindadas. 27 de abril de 2020. https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/coronavirus-policia-gasto-mas-de-9-mil-millones-en-23-camionetas-blindadas/666516
