Este 14 de marzo se realizó la cuarta reunión de este año sobre el ‘Pacto por la vida y la paz’, una iniciativa que surge desde la sociedad civil en el Suroccidente colombiano, en el que participan 134 organizaciones sociales, étnicas y eclesiales, y en el cual Dipaz tiene presencia. Cuenta con el apoyo del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional (IEU) y la Universidad Javeriana.
Por Carolina Toro
Popayán, Cauca. DiPaz, Diálogo Intereclesial por la Paz, participó este 14 de marzo en la cuarta reunión que se realizó en el marco de las discusiones que se vienen adelantando para concretar la firma del ‘Pacto por la Vida y la Paz’, en el suroccidente del país. Esta iniciativa busca frenar los alarmantes índices de violencia que se han presentado en esta zona, como consecuencia del desceleramiento de la implementación del Acuerdo Final de Paz, el crecimiento de las disidencias de las FARC, el avance exponencial del ELN y el auge de nuevas bandas criminales.
En este espacio, en el que se siguió trabajando sobre el documento construido en conjunto con la Secretaría Técnica de ERPAZ, Espacio Regional de Paz del Cauca, y La Gobernación del Cauca, se plantearon acciones concretas que se deben desarrollar: continuar denunciando los asesinatos, masacres, hechos victimizantes y agresiones; seguir exigiendo el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz; dar continuidad a los diálogos con los gremios para llegar a consensos; y retomar los espacios de interlocución con la Gobernación del Cauca y con el Consejo Territorial de Reconciliación, Paz y Convivencia del Cauca, CTPRC.
Esta iniciativa, que defiende la salida negociada del conflicto armado y la aplicación de lo firmado por el Gobierno y las FARC, cuenta con la participación de las gobernaciones de Chocó y Cauca, las alcaldías de Cali, Bojayá y Buenaventura y con diferentes gremios de la región y organizaciones sociales, populares, ong´s, plataformas y actores religiosos. Con el sector económico de la región se siguen discutiendo cuatro puntos planteados en la agenda: la movilización social; la sustitución de cultivos ilícitos y la aspersión aérea; la propiedad privada y la seguridad.
Y sigue la polémica
Este 8 de marzo se socializó el documento con los gremios quiénes tuvieron sus reservas con algunos puntos del pacto porque aseguran que ellos no fueron tenidos en cuentan, ya que se vincularon a este proceso el 1 de febrero del presente año. DiPaz ha estado presente en este espacio con el objetivo de hacer incidencia desde lo intereclesial para que se respete la vida y se implemente el Acuerdo Final de Paz.
Aunque todos los sectores insisten en la importancia del pacto, la polémica se sigue presentando sobre cuatro puntos. “(…) La movilización social, principalmente en el tema del taponamiento de las carreteras. Las organizaciones sociales sostienen que es parte de como ellas exigen sus derechos y proclaman sus reivindicaciones al observar que el Gobierno no cumple con lo pactado y que en eso no van a ceder. Asimismo, le piden a los gremios, que así como le exige a ellos que no taponen las vías, que también le exija al Gobierno que cumpla”, asegura Leydy Martínez, promotora de DiPaz Suroccidente.
Los cultivos ilícitos, las organizaciones plantean que se deben crear condiciones y oportunidades para que, a través del fortalecimiento de proyectos productivos, se creen alternativas a los cultivos ilícitos y al negocio del narcotráfico. Por su parte, los gremios no han plateado su posición respecto al tema.
En cuanto al asunto de la propiedad privada, que tiene que ver con la reforma agraria integral y con el Acuerdo Final de Paz, aseguran que es un problema estructural, más de fondo. “Los gremios siguen firmes en que no debe existir una reforma como se planteó en el Acuerdo Final de Paz. Para lo indígenas su relación con el territorio es ancestral y no tienen nada que ver con el beneficio que se pueda obtener del mismo (…) son visiones de desarrollo completamente diferentes”, afirma Martínez.
Respecto a la seguridad y la compleja situación de violencia que vive esta zona del país, “las organizaciones plantean que las fuerzas militares deben hacer una evaluación de las violaciones que comente a los derechos humanos y entender que ellos no son los únicos garantes de la seguridad. Existe la guardia indígena, campesina y cimarrona que no puede ser desconocida. Los gremios por su parte argumentan, sobre la importancia de respetar las instituciones y no opinan respecto a las situaciones en las cuales el Ejército se ha visto involucrado en violaciones de derechos humanos”.
Está prevista una quinta reunión el 7 de abril, con el objetivo concretar acciones que permitan frenar este espiral de violencia mientras se logra la firma del pacto. «Se seguirá insistiendo en puntos de convergencia entre todas las organizaciones, instituciones y gremios para generar un pacto no solo que sea incluyente, sino que le dé salida a la ola de violencia y asesinatos que está viviendo el Cauca y Colombia», concluye Martínez.
Descargar el Pacto por la Vida y por la Paz
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