Prolongación del Cese al fuego y Acuerdos humanitarios

Cese al Fuego

Bogotá, Abril 23 de 2020; A mediados de marzo más de cien procesos comunitarios colombianos solicitaron  al gobierno nacional y a los distintos actores armados un Acuerdo Humanitario por Pandemia, pedido que respadó DIPAZ a través de un comunicado el 20 de marzo de 2020.

Estas comunidades negras, campesinas, indígenas de distintas regiones del país padecen el conflicto armado y las actuaciones de las nuevas dinámicas armadas. La vida de las personas de estas comunidades está en constante riesgo, sufren amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos, reclutamiento, despojo de tierra, daños en sus bienes, daños ambientales y constantes ataques en medio de la zozobra que producen las confrontaciones armadas.

Esta realidad se vive en muchos lugares del mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres el pasado 23 de marzo de 2020, pidió un alto al fuego global inmediato en todos los rincones del mundo, suspender los conflictos armados y centrarnos en la lucha por la vida.

Desde la crisis desatada en enero del presente año en la ciudad de Wouhan en China  por la presencia generalizada del virus Covid-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la organización mundial de la salud OMS el 11 de marzo, queda demostrado que el virus no discrimina personas, condición económica, género, nacionalidad ni religión. Todo ser humano es vulnerable ante esta epidemia que a la fecha no tiene vacuna que la contrarreste. (Le puede interesar: https://dipazcolombia.org/dipaz-respalda-clamor-de-acuerdo-humanitario-nacional-por-pandemia/)

En Colombia, la población que se encuentra en medio del fuego cruzado está en condición de doble vulnerabilidad. Las violaciones del derecho a la vida y a las libertades, tal como ha ocurrido en estas semanas con el asesinato de 15 líderes sociales, se suma a los riesgos de comunidades que han quedado confinadas sin posibilidad de presencia de protección por parte de organismos humanitarios internacionales y nacionales de derechos humanos, paz y de los propios agentes de pastoral.

Incluso, directivas como la 15 del Ministerio del Interior prohibe el ingreso a los territorios étnicos y se priva de este modo, un derecho consagrado en el derecho internacional de recibir asistencia humanitaria. Estas condiciones, sumadas a las que históricamente viven estas comunidades de exclusión social, falta de acceso al agua, a educación, a techo digno y la insatisfacción de los derechos económicos, socio culturales y ambientales además tienen una gran afectación a mujeres, niñas, niños, personas en condición de discapacidad y adultos mayores.

En regiones como los Montes de María, líderes sociales vienen denunciando amenazas a sus vidas y el resurgimiento paulatino de grupos armados ilegales en la región. En el Putumayo se han registrado unos 19 asesinatos cometidos presuntamente por el grupo llamado La Mafia. Continúan operaciones militares y policiales afectando a la población civil; la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y operaciones extractivas ocasionando graves daños ambientales .

El día 13 de abril en Argelia Cauca, campesinos y exguerrilleros en proceso de reincorporación  denuncian el ingreso violento a sus comunidades y viviendas presuntamente de disidencias de las Farc Columna móvil Carlos Patiño, quienes amenazan de muerte a pobladores. En la misma región, continúan acciones violentas contra líderes sociales y de sustitución de cultivos de uso ilicito y en lo corrido del tiempo del aislamiento obligartorio, en el departamento del Cauca han sido asesinados 8 personas.

Recientemente Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó en el Chocó, denunció la acentuación del conflicto en el pacífico colombiano.Y todo esto ha ocurrido en el marco del confinamiento obligatorio.

En medio de esta crítica situación, se recibió con beneplácito la decisión de cese unilateral declarado por el ELN. Sin embargo, es una medida que población civil y líderes religiosos aún claman que sea adoptada por todas los grupos armados, incluyendo los grupos criminales.

Si bien el Secretario Guterres pidió el silenciamiento de las armas, detener la artillería y poner fin a los ataques aéreos, estas medidas no son suficientes. El artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra establece que “las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio”.  Un acuerdo humanitario para época de Pandemia significaría estipular un listado de acciones ajustadas a derecho aplicable al contexto o a disposiciones del DIH logrando un compromiso claro de las partes de acatar este acuerdo y esto tiene un gran valor en cumplimiento del DIH como alivio especialmente a la población civil[2].

En ese sentido, el acuerdo humanitario planteado por las comunidades colombianas incluye otras medidas y gestos humanitarios que habiliten condiciones para el tratamiento ocasionado por el Covid 19 y se disminuya los efectos de la criminalidad y el conflicto armado vigente. Por ejemplo, que se detengan las amenazas de muerte, los asesinatos, los confinamientos, el reclutamiento forzado, el cobro de extorsiones,la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, el control armado territorial, las acciones relativas a la economía ilegal que ocasionan una grave afectación a la población civil, entre otras.

En ese sentido Argemiro Bailarín, reconocido líder indígena Embera de la cuenca del Jiguamiandó en el Chocó en su mensaje leído por Leyner Palacios en el encuentro virtual sobre el estado actual de la búsqueda de la paz entre el gobierno colombiano y el ELN liderado por Defendamos la Paz y llevado a cabo el pasado 17 de abril,  expresó la necesidad de medidas específicas como evitar que los jóvenes que no tienen oportunidades de estudio o trabajo, vayan a las filas de los armados. Dijo: Tenemos nuestras propuestas comunitarias: no asesinen mas a nuestros pueblos porque personas hagan parte de un grupo armado. Tenemos mecanismos para recibirlos y sancionarlos. Los que tienen intereses de extracción y explotación de recursos en  nuestro territorio, deben parar y hacer el acuerdo humanitario. Ellos se benefician o mueven sus planes con apoyo armado. Se requiere respetar la vida humana, la madre tierra, es un tiempo para construir unas relaciones justas entre ciudadanos y el Estado, y las empresas con nosotros[1]

Urge una respuesta integral del Estado en las zonas rurales que hoy siguen padeciendo el conflicto armado. El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra establece que la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares y cuando esté padeciendo privaciones extremadas por falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, se emprenderán acciones de socorro a favor de la población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial, entre otras disposiciones.

Ante la continuidad de las violencias en las regiones especialmente, se requieren medidas del gobierno nacional y del legislativo, como aumentar los presupuestos para gasto sanitario y de supervivencia y disminuir el presupuesto militar y de defensa por un largo plazo. Esto debe estar acompañado por fuertes controles para evitar la continua corrupción rampante en Colombia y que ya se evidenció en las primeras entregas humanitarias en varios departamentos del país.

Como lo ha dicho el Papa Francisco en su mensaje de pascua al finalizar la semana santa: que Cristo resucitado ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas” .

En ese mismo sentido la Arzobispa de la Iglesia Sueca ha dicho que “Los tiempos del coronavirus y los tiempos de guerra son tiempos de miedo y de tormenta, pero nos llama también a la reflexión y al aprendizaje: ¿Cómo deseamos vivir juntas y juntos? ¿Qué es lo que más valoramos en la vida? ¿Cómo construimos nuestra resiliencia colectiva ante los desafíos que nos enfrentamos como sociedad? Colombia merece paz. Animo a todos los actores armados al cese al fuego, al diálogo entre el Gobierno Colombiano y el ELN, y a respetar los espacios humanitarios pactados e impulsados por comunidades, actores de la sociedad civil y actores de fé”. 

La realidad del Covid-19 sigue sacando a la luz las raíces profundas de la exclusión y la desigualdad rural y urbana; la existencia de conflictos armados y violencias que se convierten para unos en el único camino para llamar a crear un país en democracia y para otros la perpetuación de la violencia para asegurar el acaparamiento de la propiedad y el portafolios de negocios entre ellos los extractivos y agroindustriales, y deben hacer parte de un Acuerdo Humanitario Global como lo postulan las comunidades que continúan sin ser respondidas por el presidente Duque.

El Acuerdo Humanitario en época de Pandemia y la declaratoria de Cese de hostilidades prolongado es un llamado a  la sensatez del Estado, de las grandes empresas y a quienes siguen en el ejercicio de la violencia legal e ilegal. Hoy la pandemia es una posibilidad hacia la paz con justicia social  y ambiental,  a  la posibilidad del domimio del miedo sobre órdenes autoritarias, policivas y de terror. Es el proyecto de la fuerza  de la resurrección o de la muerte como palabra del Estado bancario. Es hora que el presidente Duque se abra a la posibilidad de diálogo en esta crisis mundial.