19 NOV 2018
Mónica Fernández, Dipaz Antioquia

A pesar que la dinámica en cada uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), establecidos como parte del proceso de reincorporación de los exmiembros de las Farc, ha sido diferente para sus habitantes y comunidades aledañas, una constante que han evidenciado las veedurías alrededor del país ha sido la falta de compromiso del Gobierno para cumplir lo pactado en cuanto al primer punto de Política de desarrollo agrario integral enfocado en la transformación del campo y una reforma rural completa, incluido en el acuerdo de paz firmado entre el Estado y el ex grupo guerrillero.

Acorde a lo pactado, se busca cerrar la brecha entre el campo y la ciudad a través de la reactivación del campo desarrollando la agricultura campesina y comunitaria resolviendo entre otras problemáticas lo relacionado al conflicto en la jurisdicción de tierras, sin embargo la realidad no refleja dichos avances.

Según relata Mónica Fernández, responsable de las incidencias de los espacio territoriales del departamento de Antioquia y Chocó para Dipaz, dos años después de ser  firmado el acuerdo de paz entre Farc y Gobierno, este último no ha definido la situación jurídica de los predios en los que, bajo la figura de contrato de arrendamiento, se construyeron las obras de adecuación de los 26 ETCR donde actualmente se desarrollan proyectos agropecuarios liderados por ex combatientes de las Farc.

La mayoría de dichos contratos tendrán caducidad para agosto de 2019, una situación que tiene en alerta a las comunidades de los ETCR que se preguntan si vale la pena capacitarse en cursos de emprendimiento si no hay tierras para llevar a cabo sus proyectos, “nos han pedido que no los dejemos solos, que desde Dipaz hagamos incidencia en el primer punto del acuerdo y podamos influir, convocar y hablar del tema y sacar a la luz la problemática” apunta Fernández.

Fernández explica que el paso del tiempo y el incumplimiento de los plazos en el primer punto del acuerdo han ocasionado que muchos de los ex combatientes que llegaron a los espacios territoriales cuando se firmó el acuerdo, ahora han decidido regresar a sus ciudades de origen “al ver que no tienen definido el tema de tierras”.

Los habitantes de las comunidades que decidieron quedarse en los espacios territoriales han optado por hacer una especie de fondo y reunir la renta básica para poder arrendar un lote de tierra, como es el caso del espacio de Llano Grande donde se siembre lulo y maracuyá para generar recursos.

De igual forma, en el espacio territorial de Brisas, ubicado en el municipio de Carmen del Darién en Chocó, se desarrolla un proyecto de piscicultura que en la actualidad beneficia a 63 familias no solo de las Farc sino de las comunidades aledañas mientras que en el ETCR de La Plancha en el municipio de Anorí al nordeste de Antioquia, se desarrollan en particular una panadería y un taller de confecciones en el que se confeccionan y comercializan morrales y sudaderas.

Fernández destaca la cooperación de otros gobiernos  que “han estado preocupados por que se cumpla a cabalidad el acuerdo de paz”, como es el caso de Suecia y Noruega que le han apostado a la creación de 40 hectáreas para sembrar plátano de exportación o Francia que ha aportado recursos para maquinaria que beneficiarían a los emprendimientos  de Anorí.



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