16 Nov 2018
Dipaz Antioquia - John Hernández

Programas de formación para la paz y la no violencia, educación en derechos humanos, medios alternativos de justicia y el acompañamiento a comunidades de ex combatientes de las Farc son algunos de los proyectos que lidera John Hernández, pastor de la Iglesia Luterana y coordinador del Diálogo Intereclesial para la Paz (Dipaz) en Antioquia y Chocó quien hizo una breve radiografía de la labor que se viene adelantando en los departamentos.

Hernández afirma que trabajar con los ex combatientes es una oportunidad de crecimiento y a su vez todo un desafío pues “son personas valientes que deciden dejar las armas para seguir luchando” una postura que le resulta esperanzadora al ver a las juventudes de las comunidades con las que trabaja enfocadas en la  resistencia al conflicto y en la creación de un proceso de vida en la civilidad.

No solo es un tema de diálogo y de trabajo con ex combatientes, Hernández explica que se trata de una labor enfocada en el diálogo con la sociedad civil y con pastores líderes de diferentes iglesias para que tengan una visión más objetiva del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y Farc, para lograr transformar una sociedad “que “se encuentre en las diferencias pero a su vez en sus mismos derechos”.

A través de los talleres con las comunidades de fe, Dipaz busca luchar contra la desinformación y el rechazo o temor que puede generar la presencia de ex combatientes en una región como Antioquia donde particularmente “la población en general ha sido muy de tendencias de derecha y hay una resistencia muy fuerte a los procesos” tal como lo señala el pastor.

La fragilidad del acuerdo de paz

Según el pastor, el desafío más grande que deben confrontar los ex combatientes es la incertidumbre, no solo jurídicamente por los cambios que ha sufrido el mecanismo de justicia transicional conocido como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sino también por la inseguridad económica que enfrentan todos los proyectos que preveía el acuerdo y que no han podido ser completamente implementados.

A pesar que existen lugares donde los proyectos ya han arrancado, estos han sido financiados no necesariamente con recursos proporcionados por el Estado sino por organizaciones o entes internacionales, esto sumado a la ausencia de tierras propias para llevar a cabo los proyectos representan la mayor vulnerabilidad del proceso.

Además de la inseguridad en cuanto a los predios, los ex combatientes han denunciado la falta de compromiso por parte de organizaciones que han visitado los territorios y recopilado información pero que “después no producen resultados ni acciones concretas”, generando dudas en la comunidad.

Buscando hacer una diferencia, Dipaz se ha comprometido a recopilar información verificable para poder hacer incidencia y garantizar el acompañamiento del Gobierno y la comunidad internacional logrando así “encontrar un espacio de confianza tanto de parte de los excombatientes como de parte de las ONG que están alrededor” a través de canales de información que le dan un valor agregado a la labor intereclesial en la región.


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