19 NOV 2018
Mónica Fernández, Dipaz Antioquia

A pesar que la dinámica en cada uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), establecidos como parte del proceso de reincorporación de los exmiembros de las Farc, ha sido diferente para sus habitantes y comunidades aledañas, una constante que han evidenciado las veedurías alrededor del país ha sido la falta de compromiso del Gobierno para cumplir lo pactado en cuanto al primer punto de Política de desarrollo agrario integral enfocado en la transformación del campo y una reforma rural completa, incluido en el acuerdo de paz firmado entre el Estado y el ex grupo guerrillero.

Acorde a lo pactado, se busca cerrar la brecha entre el campo y la ciudad a través de la reactivación del campo desarrollando la agricultura campesina y comunitaria resolviendo entre otras problemáticas lo relacionado al conflicto en la jurisdicción de tierras, sin embargo la realidad no refleja dichos avances.

Según relata Mónica Fernández, responsable de las incidencias de los espacio territoriales del departamento de Antioquia y Chocó para Dipaz, dos años después de ser  firmado el acuerdo de paz entre Farc y Gobierno, este último no ha definido la situación jurídica de los predios en los que, bajo la figura de contrato de arrendamiento, se construyeron las obras de adecuación de los 26 ETCR donde actualmente se desarrollan proyectos agropecuarios liderados por ex combatientes de las Farc.

La mayoría de dichos contratos tendrán caducidad para agosto de 2019, una situación que tiene en alerta a las comunidades de los ETCR que se preguntan si vale la pena capacitarse en cursos de emprendimiento si no hay tierras para llevar a cabo sus proyectos, “nos han pedido que no los dejemos solos, que desde Dipaz hagamos incidencia en el primer punto del acuerdo y podamos influir, convocar y hablar del tema y sacar a la luz la problemática” apunta Fernández.

Fernández explica que el paso del tiempo y el incumplimiento de los plazos en el primer punto del acuerdo han ocasionado que muchos de los ex combatientes que llegaron a los espacios territoriales cuando se firmó el acuerdo, ahora han decidido regresar a sus ciudades de origen “al ver que no tienen definido el tema de tierras”.

Los habitantes de las comunidades que decidieron quedarse en los espacios territoriales han optado por hacer una especie de fondo y reunir la renta básica para poder arrendar un lote de tierra, como es el caso del espacio de Llano Grande donde se siembre lulo y maracuyá para generar recursos.

De igual forma, en el espacio territorial de Brisas, ubicado en el municipio de Carmen del Darién en Chocó, se desarrolla un proyecto de piscicultura que en la actualidad beneficia a 63 familias no solo de las Farc sino de las comunidades aledañas mientras que en el ETCR de La Plancha en el municipio de Anorí al nordeste de Antioquia, se desarrollan en particular una panadería y un taller de confecciones en el que se confeccionan y comercializan morrales y sudaderas.

Fernández destaca la cooperación de otros gobiernos  que “han estado preocupados por que se cumpla a cabalidad el acuerdo de paz”, como es el caso de Suecia y Noruega que le han apostado a la creación de 40 hectáreas para sembrar plátano de exportación o Francia que ha aportado recursos para maquinaria que beneficiarían a los emprendimientos  de Anorí.



20 NOV
Wilbert Palencia, Dipaz Barranquilla

Además de hacer pedagogía en las regiones sobre los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la ex guerrilla de las Farc, la labor del Diálogo Intereclesial por la Paz (Dipaz),  es realizar un seguimiento y dar cuenta de los avances o situaciones que podrían impedir la implementación de dichos acuerdos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, establecidos como parte del proceso de reincorporación de los exmiembros de la guerrilla, algo que parece fluctuar  en cada región del país según sus costumbres y cultura.

El promotor regional para la incidencia en Dipaz Caribe, Wilber Palencia  resaltó las experiencias en los espacios territoriales de Tierra Grata en el municipio de La Paz en Cesar y Pondores en el corregimiento de Conejo, zona rural del municipio de Fonseca en La Guajira donde se han evidenciado grandes avances en términos de reconciliación y de emprendimiento.

Tras conversar con algunos de los líderes de la zona, Wilbert  concluye que los espacios territoriales han tenido gran acogida en la región debido  a que los ex combatientes en tiempos de guerra eran conocidos por mucha gente de las poblaciones aledañas y que ahora, de regreso a la legalidad, los ven con “más complacencia como compañeros de zona o amigos”.

Otra de las razones por las cuales se ha logrado que exista un diálogo entre ambas partes es porque los habitantes de los espacios territoriales convocan con frecuencia a la sociedad civil a las diferentes actividades que realizan, ya sean sus iniciativas agropecuarias, acciones comunales, espacios artísticos o deportivos lo que según Palencia genera “dinámicas de confianza”.

Esta interacción ha permitido que las comunidades logren establecer relaciones incluso con las organizaciones y fuerzas del Estado y más importante aún, han comenzado a tocar puertas para promocionar la producción de sus huertas.
Dicha voluntad permitió que la Granja Agrícola Nueva Colombia, como fue bautizado su proyecto,  pudiera participar en Expoguajira, el principal escenario ferial de promoción comercial en el departamento donde lograron firmar un convenio con pequeños y medianos empresarios de Curazao para exportar productos agrícolas de la región como yuca, plátano, tomate, maíz y algunas verduras.

Con este convenio, las cosechas que únicamente eran consumidas por las comunidades ahora tendrán la posibilidad de ser ofertadas en el mercado y obtener de su venta un apoyo económico, una iniciativa que ha incentivado a los trabajadores de la cooperativa a buscar profesionalizarse en la administración de recursos para mejorar el rendimiento de su emprendimiento con miras a usar la educación y la empresa propia como una forma de reparación y de generar un cambio en el país.
 

16 Nov 2018
Dipaz Antioquia - John Hernández

Programas de formación para la paz y la no violencia, educación en derechos humanos, medios alternativos de justicia y el acompañamiento a comunidades de ex combatientes de las Farc son algunos de los proyectos que lidera John Hernández, pastor de la Iglesia Luterana y coordinador del Diálogo Intereclesial para la Paz (Dipaz) en Antioquia y Chocó quien hizo una breve radiografía de la labor que se viene adelantando en los departamentos.

Hernández afirma que trabajar con los ex combatientes es una oportunidad de crecimiento y a su vez todo un desafío pues “son personas valientes que deciden dejar las armas para seguir luchando” una postura que le resulta esperanzadora al ver a las juventudes de las comunidades con las que trabaja enfocadas en la  resistencia al conflicto y en la creación de un proceso de vida en la civilidad.

No solo es un tema de diálogo y de trabajo con ex combatientes, Hernández explica que se trata de una labor enfocada en el diálogo con la sociedad civil y con pastores líderes de diferentes iglesias para que tengan una visión más objetiva del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y Farc, para lograr transformar una sociedad “que “se encuentre en las diferencias pero a su vez en sus mismos derechos”.

A través de los talleres con las comunidades de fe, Dipaz busca luchar contra la desinformación y el rechazo o temor que puede generar la presencia de ex combatientes en una región como Antioquia donde particularmente “la población en general ha sido muy de tendencias de derecha y hay una resistencia muy fuerte a los procesos” tal como lo señala el pastor.

La fragilidad del acuerdo de paz

Según el pastor, el desafío más grande que deben confrontar los ex combatientes es la incertidumbre, no solo jurídicamente por los cambios que ha sufrido el mecanismo de justicia transicional conocido como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sino también por la inseguridad económica que enfrentan todos los proyectos que preveía el acuerdo y que no han podido ser completamente implementados.

A pesar que existen lugares donde los proyectos ya han arrancado, estos han sido financiados no necesariamente con recursos proporcionados por el Estado sino por organizaciones o entes internacionales, esto sumado a la ausencia de tierras propias para llevar a cabo los proyectos representan la mayor vulnerabilidad del proceso.

Además de la inseguridad en cuanto a los predios, los ex combatientes han denunciado la falta de compromiso por parte de organizaciones que han visitado los territorios y recopilado información pero que “después no producen resultados ni acciones concretas”, generando dudas en la comunidad.

Buscando hacer una diferencia, Dipaz se ha comprometido a recopilar información verificable para poder hacer incidencia y garantizar el acompañamiento del Gobierno y la comunidad internacional logrando así “encontrar un espacio de confianza tanto de parte de los excombatientes como de parte de las ONG que están alrededor” a través de canales de información que le dan un valor agregado a la labor intereclesial en la región.


27 NOV 2018
Pedro Acosta, Dipaz Caribe

La Corporación para el desarrollo Social Comunitario, CORSOC bajo la dirección de Pedro Acosta es uno de los aliados de Dipaz en la costa; con un rango de acción en Sincelejo, Montería, Barranquilla y Tierralta, continúa fortaleciendo el liderazgo de la iglesia y trabajando por una misión integral enfocada en la atención humanitaria, la gestión de proyectos  y acompañamiento de familias víctimas del conflicto armado.

La organización, que cuenta con más de 20 años de trayectoria, sigue trabajando en la generación de ingresos, acompañamiento y capacitación de poblaciones, ya sea brindándoles herramientas para el campo,  insumos para mejorar la producción o trabajando con jóvenes en prevención de reclutamiento, por solo mencionar algunas de sus líneas de acción.

Parte del acompañamiento lo realiza Silvia Polo,integrante de Corsoc quien explica que se trabaja con dos comunidades del departamento de Córdoba y que se realizan ejercicios de escucha y compartir de experiencias entre campesinas, pescadoras e integrantes de resguardos embera y zenú.

Por su parte, el director de la organización se refirió en particular al proyecto “Uniendo Voces, Tejiendo Esperanzas”, una iniciativa que a través de la memoria histórica y la no repetición vincula a 20 iglesias las cuales acompañan procesos de restauración en mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Tal labor se logra a través de la creación de espacios de inclusión que incentiven “valores como el respeto y la dignidad” y la creación de alianzas con organizaciones internacionales y entidades del Estado, “buscamos fortalecer el liderazgo de las mujeres, potencializar su rol en la sociedad y ver cómo pueden ejercer un liderazgo al interior de la iglesias” indicó Acosta.

Sobre el enfoque de género al interior de las iglesias, el director de CORSOC  cree que es probable que las iglesias en un contexto de violencia el conflicto o haya vivido los rigores de la pobreza en su comunidad, pueden “forjar por sus propios una mente mucha más abierta y una comprensión teológica distinta” a las que no han sufrido las consecuencias del conflicto.

Para incentivar una equidad y participación tanto de hombres como mujeres, CORSOC mantiene una comunicación permanente y un intercambio de experiencias entre iglesias para que aquellas que se han mostrado renuentes al tema, puedan ver la experiencia de otras grupos eclesiales que se han unido al acompañamiento de mujeres, campesinos e incluso de migrantes venezolanos.

“Creemos que el desarrollo y la construcción de paz debe comenzar desde abajo y en ese sentido valoramos mucho el poder trabajar con las comunidades de base” manifestó Acosta quien destacó que las iglesias y sus integrantes deben salir de “sus cuatro paredes”  para poder ver todas las iniciativas que tienen por aportar diferentes comunidades en toda Colombia.





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