Comunidad internacional respalda esfuerzos de paz en Colombia

Nueva York, 30 de mayo.- Tres representantes del DiPaz, entre los que se encuentran Nidiria Ruíz, Atahualpa Hernández, obispo de la iglesia luterana, y Milton Mejía, pastor Presbiteriano, vienen sostenido una serie de reuniones con delegaciones de diez países al Consejo de Seguridad de la ONU y con organizaciones de iglesias con sede en EEUU para expresar las múltiples preocupaciones en torno a la construcción de la paz en Colombia y la situación de DDHH de las comunidades en las que hacen presencia.

La implementación del acuerdo de paz alcanzado con las FARC, la situación humanitaria en diversas regiones, especialmente en los departamentos del Cauca, Nariño y Chocó, la ruptura de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN y los recientes ataques a las decisiones de la Justicia Especial para la Paz (JEP) son los temas centrales que la delegación de DiPaz ha conversado con países miembros del Consejo de Seguridad.

Según Milton Mejía, pastor de la Iglesia Presbiteriana e integrante de DiPaz, las delegaciones diplomáticas han manifestado que van a seguir respaldando el acuerdo, y ven en la visita del próximo mes de julio a Colombia, una posibilidad para manifestar no solamente las preocupaciones sino también las salidas y los respaldos específicos para que se pueda avanzar en la construcción de la paz.
 
Nidiria Ruiz, lideresa del Naya, recientemente víctima de amenazas de muerte, aseguró que es muy esperanzador que los países del Consejo de Seguridad de la ONU manifiesten que conocen la situación de nuestro país, les preocupa también la actitud del gobierno y expresan su firme respaldo a las comunidades que son las más afectadas por el conflicto armado interno.
 
La delegación de DiPaz que inició su agenda el 28 de mayo y culmina el 3 de junio, incluye en su recorrido reuniones ecuménicas, con organizaciones de sociedad civil e institucionalidad en las ciudades de Washington y Chicago buscando también el respaldo del Consejo Mundial de Iglesias para que la visita de ONU en julio, incluya reuniones con comunidades afectadas por la guerra.

Las preocupaciones de DiPaz
 
En particular, una de las preocupaciones que evidencia la grave crisis de DDHH se está presentando en el departamento del Chocó, en el que organizaciones que hacen parte de la red de DiPaz mantienen acompañamiento a comunidades y excombatientes. En dicho departamento las comunidades han sido objeto de continuos hostigamientos. 

De igual forma, DiPaz expresa una preocupación por los riesgos que corren los excombatientes de las FARC-EP quienes cumplen su proceso de reincorporación. Desde la firma del acuerdo han sido asesinados 137, entre el que destaca el caso de Dímar Torres en Norte de Santander a manos del Ejército
 
Esta estigmatización y restricción de libertades, sumada a la conformación de una nueva cúpula militar podría llevar al resurgimiento de las ejecuciones cometidas por parte de agentes del Estado, una alerta que ya han emitida organizaciones como el CINEP, Human Right Watch y medios como el New York Times. En otro sentido, a partir de la ruptura de la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN, se ha dado continuidad a las acciones armadas en la lógica de demostrar la capacidad de acción y respuesta militar.
 
Uno de los agravantes para esta situación es que el Gobierno ha descartado la posibilidad de reanudar el diálogo y futuros ceses bilaterales. Además, han sido desplegadas ordenes de captura contra los negociadores de esta guerrilla, desconociendo los protocolos que regulaban las conversaciones entre Gobierno y ELN y generando tensiones diplomáticas con los países garantes.
 
En este sentido Dipaz considera que es necesario proteger lo avanzado en este diálogo mientras se insiste en la posibilidad de reiniciar la mesa de conversaciones.
 
Por tal motivo y, ante la necesidad de hacer cumplir el acuerdo de paz y el compromiso adquirido con las víctimas, DiPaz le ha solicitado a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y a los países que han sido testigos del Acuerdo, garantizar la protección de lo pactado y la vida de los líderes sociales, los excombatientes y los defensores de derechos humanos.

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