Asesinado amnistiado de las Farc-Ep

DiPaz solicita respuestas institucionales efectivas al cumplimiento del acuerdo de paz

Bogotá, 20 de abril de 2017.- Sectores eclesiales, organizaciones de fe y procesos que confluyen en el Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia (DiPaz), observan con preocupación las garantías

para la implementación del punto quinto de los acuerdos de paz de La Habana, toda vez que el asesinato el día 16 de abril de Luis Alberto Ortiz Cabezas, beneficiario de la ley de amnistía e indulto quince días después de recobrar la libertad, genera dudas sobre las medidas de protección de amnistiados y comunidades.

Ortiz, según el comunicado de las FARC-EP en calidad de miembro de esa guerrilla salió de la cárcel Vista Hermosa y se trasladó a su casa cerca de la zona veredal Ariel Aldana, ubicada en la vereda La Variante, municipio de Tumaco (departamento de Nariño), la cual hace parte de los 26 lugares de concentración a nivel nacional donde permanecen las tropas de la insurgencia que hacen tránsito a la vida civil. Allí fue asesinado con arma de fuego por un hombre conocido en región como “Renol”, según comunicado de las FARC-EP.

Este hecho, el cual convierte a Ortiz en el primer asesinado de las FARC-EP después de firmar la paz, sumado a la improvisación con la cual se inició el proceso institucional de adecuación de las zonas de concentración; la lentitud para que empiece a funcionar la unidad especial de investigación contra el crimen organizado; el asesinato de 31 líderes sociales durante el proceso de implementación vigente, y otros 69 amenazados; significan un gran reto para la recientemente instalada Comisión de Garantías encabezada por el presidente de la república, y a la vez un enorme cuestionamiento sobre el papel de las autoridades en el cumplimiento de los acuerdos, en especial la persecución hacia grupos paramilitares.

DiPaz llama a continuar con mayor ahínco las labores del mecanismo tripartito de verificación del cese del fuego coordinado por la ONU, el acompañamiento de la comunidad internacional y la respuesta efectiva de la institucionalidad a los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, para prevenir y evitar que hechos reprochables como este se vuelvan a presentar.

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