A mayores vulnerabilidades mayores los efectos del coronavirus COVID 19

coronavirus

El dilema de quedarse en casa y proteger la vida. Lo cual es necesario.

Sin embargo, el 53% de las personas ocupadas no tiene una seguridad social efectiva y el 40% de la población rural no tiene cobertura en salud.

Por Carlos Salgado Araméndez Investigador de Planeta Paz

Documento de análisis solicitado por DIPAZ para contribuir al debate sobre el tema

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, las terribles desigualdades propias de nuestros países latinoamericanos, en especial, de Colombia, catalogado dentro del ranquin de los países con mayores desequilibrios en cuanto a equidad distributiva.

Este aspecto es necesario resaltarlo porque a la luz del argumento según el cual el coronavirus no hace distinciones de clase, edad, raza, sexo, país -lo cual es relativamente cierto-, son distintas las condiciones a partir de las cuales se puede enfrentar, según esas mismas distinciones. El príncipe Carlos de Gales y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se contagiaron por negligentes, pero, sin duda, su atención dista de aquella que se da un obrero inglés.

Son muchas las aristas desde las cuales se pueden leer los impactos de esta pandemia y en esta nota se abordan tres de ellas para mostrar cómo es que profundiza las desigualdades, lo que ya de hecho deja muchas preguntas sobre sí esta situación es el punto de quiebre de la forma como vivimos.

La crisis social

Un dato bastante útil para entender y mostrar los desequilibrios sociales en cuanto a la capacidad para vivir democráticamente en sociedad, es el del “tipo de ocupación”, que refleja la manera como se tipifica el ejercicio del trabajo de la población colombiana.

El cual muestra que el 53.3% de las personas ocupadas, que corresponden a 11.924 millones de un total de 22.393 millones de ocupados, probablemente no tienen un sistema de aseguramiento social efectivo que les brinde protección permanente o en momentos de crisis. Es el caso de empleados domésticos, por cuenta propia, familiar sin remuneración, sin remuneración en empresas de otros hogares, jornalero o peón y otros (Cuadro 1).

En términos de lenguaje común, esta población se desempeña en múltiples ocupaciones, sin contratos definidos ni prestaciones sociales, con empleos de baja productividad, ingresos precarios captados a diario y con vinculaciones esporádicas a la seguridad social o relegada al sisbén.

Si se mira desde otro punto de vista, estas ocupaciones están dispersas en todas las actividades en donde se ejerce la ocupación (Cuadro 2), con un mayor impacto en aquellas propias del campo, el comercio, minas y canteras, alojamiento y servicios de comida, transporte y construcción, configurando lo que se denomina “empleo informal”.

En las 23 principales ciudades del país, el 47.3% del empleo es informal (5.6 millones de personas), ubicado principalmente en los estratos 1 y 2 (3.7 millones) y en el estrato 3 (1.4 millones), y se estima que 8.7% del total informal está por fuera de cualquier cubrimiento en salud (1.037.388 personas).

Desde el punto de vista de la pirámide poblacional, hay 4 millones de personas en una edad mayor a los 65 años y 2.6 millones a 70, población que se estima en alto riesgo frente a la pandemia en una circunstancia en la cual 890.281 se clasifican en oficios del hogar, 636.896 tienen una pensión o alguna renta (24% de los mayores de 70 años), 392.170 obtienen un ingreso por alguna actividad y 216.126 no pueden trabajar por una incapacidad permanente (información del censo de 2018).

La misma información del DANE muestra que la situación es crítica en Antioquia, Atlántico, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, e incluso en Bogotá, con una población superior a 100.000 personas mayores de 70 años.

Las disparidades en la informalidad entre ciudades son muy fuertes, pues a 2019 Cúcuta tenía una tasa de 70,1%, Sincelejo 67,5%, Riohacha 64,2%, Manizales 38,9%, Medellín 40,4% y Bogotá 41,8%[1], cuadro que es más profundo entre departamentos donde, por ejemplo, en Chocó, la informalidad de la mayor parte de las actividades económicas va entre el 97 y el 99.6%, propio este último de las actividades agropecuarias[2].

Si se mira esta misma información por sexo, “la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45,0%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,5%. En el periodo noviembre 2018 – enero de 2019, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 44,6% y 48,5%, respectivamente” (Ibid, 4).

Aún a pesar de que mucha de la población logra constituir pequeños negocios, lo ha hecho en un 61.2% a partir de ahorros personales, 10.1% a partir de préstamos familiares y sólo el 9.4% acudió a préstamos bancarios[3], lo que indica que una situación crítica que deteriore sus ventas e ingresos impacta negativamente en un 71.3% el patrimonio familiar y le deja en una condición de vulnerabilidad máxima al no tener historia crediticia o mecanismos alternos para recomponer la estructura de sus negocios.

Para completar este cuadro, se tiene que el 44% de la población ocupada gana el salario mínimo[4], en un contexto en el cual la tasa de desempleo al primer mes de 2020 fue del 13.0% (3.2 millones de personas desempleadas), con extremos que van del 20% en Quibdó, 18.6% Ibagué y el 8.4% en Cartagena y Barranquilla y 10.6% en Bogotá[5]. La tasa de desempleo de los jóvenes -14 a 28 años- fue 17,6% (29,2% en Ibagué y 15.7% en Pereira), y 10.4% general para hombres y 16.5% para las mujeres[6].

La crisis del sistema de salud

No es este el lugar para hacer un diagnóstico del sistema de salud, sino para hacer una referencia a la situación en que se encuentra el sistema para enfrentar la pandemia del coronavirus.

En Colombia hay 48.572 instituciones prestadoras de servicios de salud, 41.000 privadas, 900 hospitales públicos, 39 EPS y cerca de 8.000 IPS con un alto porcentaje de no acreditación. Lo grave de este cuadro es que no hay un sistema de coordinación entre estas entidades para que se puedan tomar decisiones conjuntas.

Esta situación se presenta, entre otras razones, porque obedecen al interés de lo público o del lucro privado, donde el 97.4% son de carácter privado, 2.4% públicas y 0.7% mixtas, concentradas en los centros urbanos, pues el 69% están entre Bogotá, Antioquia, Valle y Santander, donde a todas luces salta la desprotección de las zonas rurales donde está el 40% de la población[7] .

Según la analista de salud pública, Carolina Corcho, hay un problema sustancial relacionado con que los trabajadores de la salud en Colombia no tienen una vinculación laboral estable, la mayoría son contratados por prestación de servicios a no más de 3 meses o a destajo, sin las prestaciones de ley, cobertura de incapacidades y riesgos laborales.

Ese sistema precario, no coordinado, concentrado y mercantil ofrece en los actuales momentos 5.843 camas de UCIS de las cuales 940 se encuentran en Bogotá que, incluso, necesita 3.000 adicionales. Sin que haya claridad, según el viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso, de cuántos ventiladores y equipos de respiración están disponibles, ni cómo es la distribución geográfica nacional de las camas existentes, configurando una terrible falla de información.

Aún así, se cuenta con alguna información disponible como la presentada en los cuadros 3 y 4 que muestran que, en el país, ningún departamento tiene más de dos camas UCI para adultos por cada 10 mil habitantes y que en departamentos como Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas y Guaviare, no hay camas UCI para atender casos críticos[8].

Las medidas tomadas

Se hará referencia a las medidas tomadas por el gobierno nacional, que se traducen en los decretos 417 del 17 de marzo de 2020, el 419 del 18 de marzo y el 444 de marzo del 2020.

El Decreto 417 por el cual se declaró el “estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”, además de declarar las medidas de confinamiento, anuncia una serie de medidas a tomar relacionadas con la necesidad de recursos adicionales para enfrentar las mayores necesidades sociales y económicas.

En este sentido, propone disponer “de los recursos que se encuentren a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales -FONPET, a título de préstamo o cualquier otro que se requiera”.

Igualmente, dispondrá “la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME con las subcuentas necesarias para atender las necesidades de atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, por la situación a la que se refiere el presente decreto”.

De igual forma, declara la necesidad de tomar otra serie de medidas que den “recursos líquidos para atender las crecientes necesidades generadas con esta crisis”, dentro de las cuales estarán “medidas extraordinarias que permitan la reducción y optimización del capital de las entidades financieras con participación accionaria estatal”, emitir títulos o respaldar su emisión con destino a operaciones de liquidez con el Banco de República. Autoriza al gobierno a crear un patrimonio autónomo para la financiación de proyectos destinados a atender y mitigar la emergencia, entre otras[9].

El decreto 419 realiza una focalización con base en dos criterios: la selección de las entidades territoriales y la caracterización de los hogares beneficiarios para acelerar la devolución del IVA, definir los montos de compensación y la manera de canalizar los recursos[10].

Y el decreto 444 define los siguientes puntos: da vida al FOME “para atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento”. Utilizando los siguientes recursos: los provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE-, provenientes del Fondo de Pensiones Territoriales -FONPET-, recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos y los demás que determine el Gobierno nacional[11].

Dichos recursos se usarán para: “atender las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos celebrados para el cumplimiento del objeto del FOME; efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, entre otras; invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra, entre otras; proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional; proveer liquidez a la Nación, únicamente en aquellos eventos en los que los efectos de la emergencia se extiendan a las fuentes de liquidez ordinarias” (Ibid).

Las críticas a este conjunto de medidas tomadas en los decretos en referencia apuntan a que “ellas parecieran estar más orientadas a las personas y empresas con obligaciones financieras que a la población más vulnerable desde el punto de vista de su precario y extremadamente frágil flujo de ingresos, pues además el Estado no los ha identificado debidamente en su totalidad ni cuenta todavía con los mecanismos mediante los cuales acceder a ellos” [12].

Incluso detectando que en el caso del decreto 417 las medias sólo cubrirían al 9.4% de los pequeños empresarios que han adquirido préstamos bancarios. Estas medidas, que “prestan” al gobierno nacional los fondos territoriales se estiman son inconstitucionales pues violan la ley de descentralización, al dictaminar adicionalmente que el uso de los fondos del FOME estará solo en cabeza del Ministro de Hacienda (Ibid).

Otras medidas tienen que ver con los giros a 2.6 millones de familias del programa Familias en Acción que recibirían un adicional promedio de 334 mil pesos, a 204.000 jóvenes del programa Jóvenes en Acción un giro adicional promedio de 200 mil pesos y a 1.5 millones de adultos mayores del programa dirigido a ellos un adicional de 240 mil pesos.

Se supone que estos subsidios permiten cubrir a 10 millones de personas vulnerables. También una medida relacionada con la reconexión de cerca de un millón de personas al servicio de agua potable a los estratos 1 y 2, suspendida por el no pago de sus facturas, con el anuncio que el servicio no se cobrará mientras dure la emergencia, pero su costo se redimirá a lo largo de los siguientes 12 meses.

En conclusión, esta situación muestra que fruto de las dinámicas propias del modelo de desarrollo que ha llevado a los estados nacionales a desprenderse de sus obligaciones con respecto al cumplimiento de los derechos, una pandemia como la del coronavirus pone en grave riesgo a la población, en particular a la más vulnerable.

En este caso, el virus es una manifestación de los múltiples desarreglos en el manejo de los programas de investigación y salud. Su severo impacto pone al descubierto -de manera grave- las profundas desigualdades propias de nuestros países, incluida Colombia, y las fuertes incidencias y discriminaciones que generará por tipo de ocupación, actividad, carácter de la vinculación a programas de protección social, sexo y región. También devela la fragilidad de nuestro Estado para atender los problemas de sus ciudadanos, en este caso, y de manera patética, el derecho a la salud. Con razón se dice el coronavirus muestra que “la pandemia es global pero la salud es nacional”.

ANEXOS

CUADRO 1. COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE OCUPACIÓN (noviembre/2019 – enero/2020)

 

Concepto Personas (miles) Participación (%)
Ocupados, total nacional 22.393 100.0
Obrero, empleado particular 8.847 39.5
Obrero, empleado del gobierno 813 3.6
Empleado doméstico 684 3.1
Trabajador por cuenta propia 9.584 42.8
Patrón o empleador 809 3.6
Trabajador familiar sin remuneración 751 3.4
Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares 99 0.4
Jornalero o peón 791 3.5
Otro 15 0.1

Fuente: Tomado de Garay y Espitia (2020). Cuadro 2, Pg. 4.

CUADRO 2. COLOMBIA: NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS POR ACTIVIDAD EN NOV 2019 – ENERO 2020

Concepto Personas (miles) Participación (%)
Total nacional ocupados 22.393 100.0
No informa 7 0.0
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 3.519 15.7
Explotación de minas y canteras 171 0.8
Industria manufacturera 2.537 11.3
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos 241 1.1
Construcción 1.587 7.1
Comercio y reparación de vehículos 4.272 19.1
Alojamiento y servicios de comida 1.823 8.1
Transporte y almacenamiento 1.558 7.0
Información y comunicaciones 300 1.3
Actividades financieras y seguros 304 1.4
Actividades inmobiliarias 281 1.3
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administr. 1.433 6.4
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 2.026 9.0
Administración pública y defensa, educación y atención a salud 2.334 10.4

Fuente: tomado de Garay y Espitia (2020). Cuadro 1, Pg. 3.

CUADRO 3. DEPARTAMENTOS CON MÁS CAMAS UCI PARA ADULTOS POR CADA 10 MIL HABITANTES

Departamento Camas Tasa por cada 10 mil hab.
Atlántico 498 2
Cesar 220 2
Valle del cauca 766 2
Sucre 159 2
Tolima 215 2

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Tasa calculada con proyecciones Censo DANE 2018

 CUADRO 4. DEPARTAMENTOS CON MENOS CAMAS UCI ADULTOS POR CADA 10 MIL HABITANTES

Departamento Casos Camas Tasa
Arauca 0 4 0
Putumayo 0 10 0
Casanare 1 17 0
Caquetá 0 20 0
Chocó 0 27 0

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS. Proyecciones de población Dane 2020. Decimales están aproximados

 

[1] Ver DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_nov19_ene20.pdf

[2] https://www.utch.edu.co/portal/es/noticias/1029-caracterizaci%C3%B3n-de-la-informalidad-en-el-departamento-del-choc%C3%B3.html

[3] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios2019

[4] https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/segun-el-dane-en-colombia-nueve-millones-de-personas-ganan-el-salario-minimo/20181206/nota/3834762.aspx

[5] https://www.laopinion.com.co/economia/desempleo-en-colombia-fue-de-13-en-enero-de-2020-192666

[6]https://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-fue-el-desempleo-de-colombia-en-enero-de-2020/282195

[7] Ver https://www.sur.org.co/un-sistema-de-salud-fragil-para-hacer-frente-a-la-pandemia/

[8] https://www.eltiempo.com/datos/total-de-camas-de-cuidado-intensivo-en-colombia

España tiene 3 camas por cada mil habitantes y Japón, 13 camas por cada mil habitantes. En Colombia, “según la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci), el 80 % de las camas de UCI ya están ocupadas, menos del 10 % tienen infraestructura biosegura y menos del 2 % cuentan con presión negativa; es decir, todas las condiciones de aislamiento necesarias para las patologías más delicadas de tratar”.

[9] https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110334

[10] Ver: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20419%20DEL%2018%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

[11] https://consultorsalud.com/nace-el-fondo-de-mitigacion-de-emergencias-fome-decreto-444-de-2020/

[12] Ver Garay, Luis Jorge y Espitia, Jorge, en https://www.planetapaz.org/noticias-olaneta-paz/139-noticias-2019/1632-medidas-de-emergencia-para-mitigar-los-efectos-socio-economicos-de-la-propagacion-del-coronavirus-covid-19-una-vision-alternativa-a-la-gubernamental